Érika Ahumada, denunciada por Presunta Participación en Política y Abuso de Poder
Hercilia Meza Gómez, ciudadana de Sucre, ha presentado una denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación en la que acusa a Érika Ahumada Rodríguez, Gerente de la EPS Familiar de Colombia, de violar la Constitución y la Ley al supuestamente involucrarse en política y abusar de sus funciones, lo que constituiría prevaricato por acción y el delito de constreñimiento al elector. Según la denuncia, Ahumada estaría cometiendo estas infracciones con el propósito de favorecer a Lucy García Montes, candidata a la Gobernación de Sucre por el partido Liberal.
La denuncia detalla que la funcionaria Ahumada habría utilizado su cargo para promover la candidatura de Lucy García y asegurar su permanencia en el cargo de gerente, pero de manera ilegal y con abuso de poder.
La denunciante señala que Ahumada, junto con funcionarios como Eliana Chacón, Lina María Rivadeneira Bedoya y Liliana Herazo, ha presionado a empleados, proveedores y prestadores de servicios para que voten por Lucy García. Según Meza Gómez, estas personas habrían sido amenazadas con la pérdida de sus empleos y contratos si no cumplían con la solicitud de votos. Esta situación fue denunciada públicamente por varios empleados, algunos de los cuales fueron despedidos y luego reintegrados después de que se hiciera pública la denuncia.
La denuncia incluye capturas de pantalla de perfiles de WhatsApp de los trabajadores de la EPS como prueba de que se están utilizando cargos para presionar, amenazar e intimidar a los empleados, proveedores y prestadores de servicios.
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Esta denuncia se produce en medio de preocupaciones sobre la presión política en el ámbito laboral en Sucre, y se espera que las autoridades investiguen estas acusaciones en detalle.
La Caja de Compensación Familiar de Sucre, Comfasucre, ha estado en el centro de escándalos relacionados con fraudes y malversación de fondos a lo largo de los años. En 2014, la Superintendencia del Subsidio Familiar intervino la institución debido a un fraude de más de 450 millones de pesos, que involucró la supuesta privación injustificada de subsidios a usuarios a través del cambio de sus nombres.
El episodio más reciente se registró en octubre del año pasado, cuando Érika Ahumada Rodríguez, quien se desempeña como directora encargada de Comfasucre, reveló un fraude masivo. Se detectaron 23 mil pagos de subsidios a usuarios inexistentes, que habían estado ocurriendo durante siete años y representaron un monto mensual de 789 millones de pesos.
Este fraude se descubrió tras un cruce de datos con el Fosyga y Compensar. Los pagos fraudulentos se suspendieron de inmediato, pero ninguna persona se presentó a reclamar los pagos suspendidos, lo que sugiere que los beneficiarios registrados no existían.
La directora Ahumada destacó que no puede presentar una denuncia formal sobre este hallazgo debido a la falta de garantías de seguridad. Afirmó que solicitó protección especial, se mudó de su residencia debido a amenazas, y denunció la situación, pero debido a su posición como interventora y no como funcionaria, se le negó la protección necesaria.
Estos episodios han afectado significativamente la reputación de Comfasucre y subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y medidas de seguridad en las instituciones encargadas de administrar fondos y subsidios destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Nota: Este artículo se basa en la denuncia presentada por Hercilia Meza Gómez y en información disponible públicamente