OPINIÓN | Comunidades de conectividad / Análisis. Por José Carlos García
En el marco de los anuncios del presidente Gustavo Petro de asumir la gestión de servicios públicos por tres meses salió a colación que la conectividad también entra en dicha misión temporal.
Así anunció las ‘Comunidades de conectividad’, que al parecer serían parte de un concepto que trae el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, en cuyo apartado de ‘Estrategia de conectividad’ se habla de “crear condiciones para la prestación del servicio de internet que promueva la inclusión de actores locales y regionales”, que en principio contempla a los miles de pequeños operadores de telecomunicaciones regionales, pero que, con las palabras del jefe de Estado, ahora incluiría también a las juntas de acción comunal.
Sobre la fibra óptica para llevar conectividad, preguntó el presidente Petro en un evento en Norte de Santander: “¿Por qué no la puede poner la acción comunal?”, en un mensaje entendido como que sean las comunidades las que se encargasen de instalar la conectividad de esa última milla.
En principio son loables el interés y foco del Gobierno en recortar la brecha de conectividad, que pasa, como bien lo tiene presente el Presidente, por el cubrimiento de redes de telecomunicaciones.
Sin embargo, yerra al creer que esa deba ser misión de las comunidades. Y no. Para esa parte técnica hay empresas expertas con el conocimiento y los recursos para hacerlo.
Lo que deben hacer las comunidades, los entes territoriales, es adquirir un férreo compromiso con este gobierno que los quiere conectar, con los indicadores de apropiación, uso y explotación de la conectividad para digitalizar sus territorios; cumpliendo con la capacitación de las comunidades, de sus negocios, de comerciar digitalmente sus productos, promocionar en la web su turismo, formar a sus jóvenes en capacidades digitales, con la obligatoriedad de presentar avances, cifras, datos reales y tangibles de que están comprometidos con la sociedad del conocimiento que el Presidente quiere para el país, de manera equitativa.
Tal vez los anteriores esfuerzos por cerrar la brecha digital hayan fracasado por eso: la pasividad y actitud asistencialista de las regiones que esperan sentadas que les lleven la conectividad, los computadores, las aplicaciones, los capacitadores, les construyan centros digitales, las doten con muebles, en fin.
¿Y qué ponen ellos? ¿A qué se comprometerán los líderes en los territorios?
Que sea la oportunidad, esta vez, de que la fórmula virtuosa funcione: que operadores cuenten con las condiciones propicias para invertir y desplegar redes de comunicaciones (como bien lo han venido haciendo la ministra Sandra Urrutia y sus modelos de renovación de espectro, por ejemplo); y que sean las comunidades las responsables de que semejante esfuerzo en verdad sea apropiado.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.