César Reyes y Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores: inconsistencias de un togado “enmermelado”

César Reyes Medina se ha transformado de un simple y tranquilo miembro de la Corte Suprema de Justicia, a una figura pública que ocupa titulares y primeras páginas de algunos medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Ha logrado pasar del completo anonimato en el escenario jurídico colombiano, a convertirse en uno de los personajes más controvertidos y polémicos de las últimas semanas en Colombia.

Su papel protagónico lo obtuvo, al ser ponente del caso por manipulación de testigos y fraude procesal, en contra del expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Como resultado de una decisión unánime, tomada por los magistrados miembros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, los togados decidieron “castigar” con medida de aseguramiento domiciliaria al jefe natural del partido Centro Democrático. Cabe resaltar, que el expediente no cuenta con el peso argumentativo suficiente que pudiera sustentar la detención preventiva.

Surgen muchos interrogantes acerca de la actuación del Magistrado Reyes, sin embargo, hay ciertos indicios que intentarían explicar cómo, a falta de pruebas contundentes e irrefutables, la persecución que se libraba contra Álvaro Uribe, continuaba con su propósito de manera metódica y sistemática, y que permitiría dilucidar un trasfondo mucho más pútrido y lleno de “mermelada”

Hace solo pocos días se dio a conocer a la opinión pública, un documento que contenía información absolutamente reveladora y que precisaba detalles de un acuerdo administrativo suscrito entre el magistrado César Reyes y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Dicha división creada en el marco del desarrollo de la firma de los acuerdos de paz, y cuyo promotor era el entonces presidente, Juan Manuel Santos Calderón.

El contrato tenía una vigencia de ejecución de 4 meses y su valor ascendía a los $574 millones de pesos. El objeto del acuerdo consistía en una investigación, tipo censo, que pretendía establecer la situación jurídica y el estado de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas que figuraban en los listados suministrado por integrantes de la guerrilla de las FARC-EP.

Es menester recordar que, durante el mandato de Santos en 2018, este se vio envuelto un rimbombante escándalo a raíz de la llamada “mermelada”, término que se utilizó para definir los cupos indicativos, que no eran más que el porcentaje presupuestal que el gobierno repartía entre los congresistas para que adelantaran las respectivas inversiones en sus regiones, pero que Santos usó de manera arbitraria y desenfrenada como cuota de intercambio, a favor de que en el Congreso se constituyera una mayoría a su favor y todas sus iniciativas pudieran ser aprobadas.

No es ajena la situación de la mermelada de Santos, con el caso del magistrado Reyes, considerando que, de forma subyacente podría hablarse de un grave y profundo caso de conflicto de intereses, debido a la marcada y pública rivalidad entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. ¿Sería entonces el millonario contrato una prebenda y un favor por pagar, que encontró en el caso y persecución del expresidente Uribe, la motivación perfecta?

Ahora bien, este tinglado no estaría completo sino fuera por el sospechoso historial de funcionamiento de la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda, de la quien era socio mayoritario el magistrado César Reyes Medina. Traslados gratuitos de acciones, cambios en sus estatutos, modificación en la razón social de la compañía, son algunos de los sospechosos movimientos que constituyen el pasado de esta consultora.

Pero, quizá el evento más sospechoso de la historia de la consultora se traduce en el más reciente de ellos que fue traslado de acciones de la empresa de Reyes Medina, a su hija, Gabriela Reyes Sánchez, por la módica suma de $5.500.000 mil pesos. Su hija una estudiante universitaria que apenas cuenta con 19 años y sin ningún tipo de experiencia en el campo jurídico colombiano. Dicha movida se realizó días antes de posesionarse como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Por todo lo sucedido, parece que no será el primer ni el último episodio turbio y polémico en el que se verá envuelto el togado, toda vez que los antecedentes son prueba fidedigna de su proceder no tan impoluto, que como servidor público, miembro de un Tribunal Supremo de esa naturaleza, deja mucho que desear.

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