Intervención estatal perentoria para la protección de la inversión extranjera en nuestro país

Colombia, es el país de Sudamérica más demandado ante tribunales de arbitraje privados por parte de corporaciones transnacionales. Lo anterior, se debe a la ausencia de regulación y alta flexibilización en materia jurídica en el escenario de la conformación e implementación de tratados bilaterales de inversión y libre comercio.

Las diferentes iniciativas mercantiles en el gobierno de los expresidentes, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, lograron encontrar, entre sus profundas y marcadas diferencias, un punto de convergencia que se traduciría en la ductilidad ejercida desde sus administraciones para avanzar en temas de comercio trasnacional. Actualmente, Colombia tiene vigentes 6 tratados bilaterales de inversión (TBI) y 8 tratados de Libre Comercio con capítulo de protección de inversiones que permiten arbitraje inversor – Estado.

Sin embargo, existe sobre la mesa un acuerdo internacional que acapara toda la atención en este momento y es el Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), considerado como el tratado de protección de inversiones más peligroso en el mundo, puesto que ha que otorgado, a inversores extranjeros en el sector energético, amplios derechos para demandar directamente a los Estados ante tribunales internacionales. Bajo la luz de este tratado se han presentado 128 demandas y Colombia, de manera implícita y errónea, se enlista para dar un paso en falso con la implementación de sus estatutos.

Hoy por hoy, nuestro país acumula 13 demandas de arbitraje y se habla de la existencia de 9 potenciales más, que aún no se han hecho efectivas, puesto que el gobierno todavía se encuentra negociando un acuerdo de manera directa con los inversores.

Pero más allá de los pagos que pueda hacer el Estado al inversor para evitar que dichas demandas prosperen, se presenta otro riesgo inminente y es el del enfriamiento regulatorio que consiste en que se aplace, modifique o no se avance, por parte del gobierno nacional, en nuevas leyes para evitar ser demandado e incurrir en altos costos financieros que este tipo de diligencias exigen.

El impacto económico negativo y los efectos colaterales en materia del déficit fiscal que producen este tipo de demandas de libre arbitraje para los estados, debería suponer el principal obstáculo que todo Estado tendría que estudiar antes de adelantar cualquier tipo de negociación, en orden de evitar una pérdida económica absolutamente previsible.

Para ejemplificar solo una parte de las consecuencias a nivel monetario de este tipo de acuerdos económicos, tenemos el caso de Cosigo Resources, una empresa estadounidense que le reclama al Estado colombiano la suma de 16.500 millones de dólares por la cancelación de un permiso de exploración y explotación de una mina de oro al sur del país.

La mitad de las demandas presentadas contra nuestro país provienen del sector minero y de explotación de hidrocarburos con un 46%, le sigue el sector informático y de comunicaciones con un 16%, el sector de servicios financieros y de seguros con un 15%, y cierran otros sectores con un 23%.

Abrirle la puerta a la negociación de nuevos y potenciales tratados económicos en el sector de combustibles e hidrocarburos supone un alto riesgo financiero para Colombia, pues es ahí donde radica el mayor porcentaje de demandas presentadas, lo que equivaldría al aumento del déficit fiscal en el país.

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