La extraña decisión de un magistrado en Nariño sobre la distribución de combustibles

El día 18 de diciembre de 2018, en vísperas de la vacancia judicial, el magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, Édgar Guillermo Cabrera Ramos tomó una decisión sin lugar a dudas exótica y alejada del ordenamiento jurídico.

El magistrado decretó una medida cautelar de suspensión de actos administrativos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía que contemplaban un nuevo plan de abastecimiento en el departamento de Nariño.

La acción popular fue interpuesta por un señor Carlos Efraín Santacruz Moreno, el cual solicitó el decreto de una medida cautelar por una supuesta afectación a la moralidad pública, la libre competencia, entre otros derechos.

Santacruz Moreno sustentó la solicitud de la medida cautelar basado en un dictamen pericial sin firmar. Quien supuestamente realizó el dictamen, el economista Guillermo Alexander Morillo, a través de un escrito solicitó que no se le tuviera en cuenta como testigo ni para defender el “dictamen”, en razón de que se trata de un borrador que él envío por correo electrónico en archivo editable al señor Luis Fernando Gómez, Presidente de la Junta de Distribuidores Minoristas de Combustibles de Nariño – ADICONAR-.

El economista Morillo afirmó que él no firmó el documento, que no autorizó que lo entregaran al actor de la medida cautelar y que no analizó todas las variables para realizar un análisis objetivo sobre el nuevo plan de abastecimiento del departamento de Nariño. Es decir, en síntesis, el documento que realizó el economista de marras, fue amañado, parcializado y para rematar, él no lo firmó ni autorizó su uso, configurándose así un fraude procesal inmenso.

El magistrado Cabrera basó su decisión de decretar medidas cautelares en el dictamen pericial. Al togado se le advirtió de que el documento era apócrifo y no tuvo en cuenta esa gravísima advertencia, lo cual terminó con la intervención del Consejo de Estado en una providencia que trae fuertes críticas contra el magistrado de primera instancia.

Y la cereza que le falta al pastel es que mucho antes de que el magistrado Cabrera Ramos decretara la medida cautelar solicitada, los directivos de las asociaciones minoritas de combustibles anunciaban premonitoriamente que él las decretaría. Ahí hay algo raro.

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