Sí a la fumigación aérea con glifosato

La lucha contra el narcotráfico es un fenómeno delincuencial con gran capacidad de reciclaje y adaptación a las circunstancias cambiantes y Colombia, sin duda alguna, es el país que más experiencia tiene a nivel global en este combate, pues ha enfrentado con decisión y resultados tangibles a los carteles narcotraficantes más peligrosos, al tiempo que comprende la complejidad de este flagelo criminal, bajo el entendido de que es un delito de tracto sucesivo, trasnacional, que debe atacarse en cada uno de los eslabones.

Partiendo de esa base, y siendo evidente que el narcotráfico es el combustible del conflicto armado y sus múltiples derivaciones violentas y delincuenciales en las últimas décadas, cuando Juan Manuel Santos les dio vía libre para su actuar, el Estado solicita viabilizar alguna herramienta para hacer más eficiente esta lucha, no lo hace de manera caprichosa o como simple globo de ensayo. Sobre todo porque ya está más que claro que una de las causas de que entre 2013 y 2018 se quintuplicara la extensión de narcocultivos en Colombia fue la decisión del gobierno anterior, en 2015, de prohibir las fumigaciones aéreas con glifosato a los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola. Se argumentó entonces que un informe de una agencia de la ONU daba cuenta del riesgo cancerígeno por la utilización de este químico. Una decisión gubernamental que, junto a las repercusiones que el entonces proceso de paz con las FARC tuvo en el accionar de la Fuerza Pública, generó un escenario que abrió paso al boom narcotraficante que llevó a que el área sembrada de cultivos ilícitos pasara de 43 mil a más de 200 mil hectáreas en el lapso y un potencial exportador superior a las mil toneladas anuales de cocaína.

Frente a esa realidad, el actual Ejecutivo se dio a la tarea desde el día uno de su mandato de viabilizar la reanudación de las aspersiones con glifosato, sobre todo porque la búsqueda de otro herbicida no progresó. Para ello acudió a la Corte Constitucional pidiéndole aclarar los alcances de la sentencia T-236 de 2017 en la que se descartaba de plano el uso del glifosato en las fumigaciones aéreas sobre narcocultivos.

El alto tribunal procedió en consecuencia, si bien ratificó el contenido de su fallo de dos años atrás, dejó en claro que no se habían prohibido las aspersiones sino que quedaron sujetas a una serie de estrictas condiciones que debe cumplir la Fuerza Pública en materia de prevención y disminución del daño eventual o colateral a la salud humana, salud animal, fuentes hídricas y cultivos legales. Para ello se necesita la formalización de un protocolo absolutamente detallado con instancias de certificación y vigilancia del antes, durante y después de la aspersión.

Así las cosas, lo que el Gobierno hizo días atrás, al publicar el borrador de decreto en donde se plantea dicho protocolo, que debe ser presentado luego al Consejo Nacional de Estupefacientes para su evaluación y aprobación, es cumplir con la hoja de ruta señalada por la Corte Constitucional.

El enemigo es el narcotráfico y toda herramienta que el Estado considere viable para su combate puede ser viabilizada, obviamente dentro de los cánones obligatorios de protección a la vida y el medio ambiente, con los mecanismos de prevención, amortiguación y rehabilitación respectivos.

Si en 2019 se logró ya el objetivo primordial de frenar el aumento de la extensión de narcocultivos, con las aspersiones aéreas la meta no es otra que golpear el alto porcentaje de resiembra y retomar, de nuevo, la senda perdida del marchitamiento definitivo de este flagelo que tantas vidas ha cobrado y cobra en Colombia.

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