Desmantelar el ESMAD: ¿es racional?

Por: Benedicto Truman.

Ni las contingencias trágicas ni el contexto coyuntural de un pos Acuerdo de Paz con las FARC son razones de peso suficiente  para exigir el desmonte institucional de un cuerpo policial antidisturbios que salvaguarda la vida, honra y bienes de los colombianos en situaciones desestabilizadoras del orden social de derecho, o incluso de un germen de intervención de la soberanía por fuerzas políticas de transformación radical panamericanas que aun pudiesen utilizar la violencia como recurso político.

Con profundo dolor sentido y a causa de un impacto con armas de contención que utilizan proyectiles ─no letales─ un joven recién graduado murió cuando participaba de las protestas del Paro: Dylan Cruz.  Éste y el episodio en que una mujer joven bloqueaba una de vías que  rodean la Universidad Nacional al nivel de la carrera 30 con calle 45 y que dio lugar a que fuera retenida por las autoridades en un vehículo que no contaba con las señas de identificación institucional,  han atizado el debate nacional a propósito de los supuestos excesos de las fuerzas del orden.

El mismo día en el que terminó sin éxito el  quinto encuentro entre el Comité del Paro y la delegación del gobierno, en el Congreso estaba teniendo lugar un debate sobre el ESMAD en el que participaban el ministro de defensa, la ministra Gutiérrez, el director de la Policía, el comandante del Ejército y parlamentarios de las bancadas del gobierno y oposición.

Maria Jose Pizarro abogaba por su desmonte y lo hacía en nombre de “ los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas” Y habría que preguntarle  y en nombre de los comerciantes, de los que producen, de los que necesitan movilizarse en la ciudad y hacer uso de sus derechos y los servicios públicos ¿quién los puede proteger de los episodios de desorden social? ¿a quién le importa las personas que en el sur de Bogotá sufrieron daños en sus viviendas? ¿Alguien se preocupa por los empleados de un comercio saqueado, por las fuentes de empleo? El simple hecho de que hayamos firmado la nombrada paz con las Farc no nos salva del acecho de otras fuerzas que eventualmente pueden intervenir violentamente en el curso de las manifestaciones por más que aduzcan pruebas de que las recientes jornadas  han sido pacíficas; la labor del estado es estar preparado y no suponer pajaritos en el aire. Hay ciudadanos allende los nombrados por Pizarro que necesitan estar protegidos de las consecuencias no queridas del uso de la legítima protesta. Para eso está el ESMAD.

Si la cuestión controvierte alrededor del uso excesivo o inadecuado de la fuerza o de la impertinencia de los proyectiles utilizados para disuadir las concentraciones turbadas que han terminado con la pérdida de vidas y en algunos casos de la vista, los debates más que dirigirse hacia la liquidación del escuadrón deberían procurar legislar para reforzar la formación en derechos humanos y en el trato ciudadano de la fuerza pública  hacia los ciudadanos, o dirigirse a someter a evaluación el material, armas y proyectiles utilizados en los ejercicios de disuasión.

No es prudente, y la prudencia hace verdaderos sabios a propósito del villancico navideño que por estas fechas cantamos, que se tomen decisiones acaloradas y descontextualizadas de la situación del país. No es razonable que prescindamos de la seguridad que presta un escuadrón antidisturbios a un gran número de ciudadanos por cuenta de accidentes e impasses que pueden llevar a mal interpretar la necesidad de este tipo de unidades de contención.

 

 

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