Paro Nacional del 21 de noviembre: Protesta social e intervenciones ilegítimas I.

Este artículo hace parte de una serie de escritos dedicados los hechos que deslegitiman la protesta social, serie que tendrá un par de entregas.

Por: Benedicto Truman.

Resulta sumamente triste que el legítimo derecho constitucional a la protesta social se vaya a ver manchado por las acciones, programas y voluntades de un variado número de actores políticos con intenciones violentas  y desestabilizadoras. Aflige al propio espíritu de la democracia participativa que una práctica de manifestación de cierto descontento social no pueda ser analizada como la heroica suma de fuerzas populares vindicantes de mejores condiciones de vida.

Más allá de tomar la posición del dualismo moral para interpretar los hechos que se preparan, resulta conveniente analizar la complejidad de las fuerzas que anuncian o insinúan intervenir en la manifestación convocada para el 21 de noviembre. Para comprender lo que está pasando primera hay que quitarse el lente a blanco y negro, y segundo sopesar la diversidad de ideologías y apuestas de poder que advierten participarán del paro.

 

¿Protesta social o intervención en la soberanía?

 

Según indican los hechos recientes anunciados a través de los medios sociales de comunicación, fuerzas internacionales del caos  se alistan para intervenir el ejercicio democrático de la semana próxima. “El plan va perfecto, ustedes me entienden. Todas las metas que nos hemos puesto en el Foro de Sao Paulo se ha realizado, así debemos seguir. Vamos mucho mejor de lo que pensábamos”. Estas declaraciones de Maduro se daban en un contexto de convulsión para América Latina, cuando miles de protestantes se alzaban contra los gobiernos de Chile y Ecuador.

Las manifestaciones, aparte de lograr en Ecuador  la reversa de ciertas políticas de ajuste fiscal como el desmonte de los subsidios al combustible, y en Chile la suspensión del cobro de 30 pesos en el pasaje del Metro, el aumento en la pensión y el ingreso mínimo, los países de la región tuvieron una pérdida, han arrojado el triste saldo de varias decenas de muertos y miles de heridos, saqueos, disturbios públicos, daño en propiedad y otra cantidad de acciones delictivas.

La soberanía y la seguridad de los países de la región incluido Colombia, no tienen por qué exponerse a las pretendidas contra estrategias de intervención de Caracas, la Habana y el Foro de Sao Paulo. El senador Álvaro Uribe Vélez denunció la  intrusión de estas fuerzas internacionales en los ejercicios políticos de los colombianos inconformes. A falta de aceptación de una responsabilidad certera tenemos las insinuaciones de Miraflores disimuladamente aceptando injerencias ─ ¿qué puede aguardar Colombia con lo que le espera?─, pero también poseemos la ausencia de una ingenuidad política que acaso nos conduciría a creer incapaz a Maduro de operar una operación política delictiva, con todo y lo que experimentamos le sucede a los venezolanos, provistos de las razones que los lleva a imponerse el ostracismo.

Si la soberanía consiste en ‹‹la posibilidad del Estado de darse sus propias normas dentro del territorio con total independencia de otros Estados››, la protesta social como derecho constitucional se ve afectada como expresión democrática a causa de la intervención internacional en asuntos que pueden afectar la soberanía nacional. Maduro y su combo podrían fácilmente estar infringiendo los tratados de Derecho Internacional y podrían estar inmersos en los delitos que preceptúa esta materia.

Una intervención ilegitima internacional podría estar ad portas de reforzar, enrarecer y entorpeceré las legítimas pretensiones de la protesta social.

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