¿Quién salva a Ocaña del robo de sus activos y recursos en la Espo?

Discusiones van y vienen en los juzgados, con órdenes que favorecen al Estado, pero los particulares de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo) no cumplen y se han apropiado de lo que no les corresponde.

Al menos 120.000 millones de pesos, le adeudan a la ciudadanía por concepto de utilidades por servicios prestados y por arriendo de activos para la operatividad de la compañía.

Sin embargo, ninguna autoridad judicial parece tener poder sobre la Espo, para obligarla a devolver al municipio esos recursos.

Apenas un tribunal dio el visto bueno para que el alcalde encargado Wilmar Bayona recuperara los activos de la empresa, el gerente Gabriel Álvarez hizo de las suyas e impidió la medida.

¿Cómo? Con una tutela que tumbó la orden previa y volvió a dejar Ocaña sin el dinero y sus propiedades, sobre las cuales lleva casi 20 años reclamando.

La pugna legal data del año 2000, cuando el municipio decidió terminar el contrato con la Espo por incumplimientos en la prestación de los servicios.

La relación de Ocaña con la compañía le daba derecho a 34,19 % de las acciones, frente a 65,81 % del sector privado, tal como consta en la constitución de la sociedad en 1994.

Sin embargo, las mismas artimañas judiciales de la época le permitieron a los particulares mantener tanto la concesión como la parte que le correspondía a la ciudad, incluidos los activos.

Si tantos tribunales dan el visto bueno al desfalco del erario, ¿entonces quién salva a Ocaña del robo?

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