¿Miriam Prado, al servicio de la corrupción?

La exalcaldesa del municipio de Ocaña, Norte de Santander, Miriam Prado; destituida de su cargo por la Procuraduría General de la Nación, ha tenido una vida pública llena de escándalos.

El primero de ellos ocurrió en febrero de 2017, cuando el CTI de la Fiscalía la capturó, junto a otros funcionarios, por los delitos de violación al régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, en una investigación que comenzó en octubre de 2016.

En mayo de 2017, Prado ya había estado bajo la lupa de la ciudadanía, luego de que se realizara una revocatoria de mandato con el voto en su contra de 16.432 personas y, aunque continuó como alcaldesa, ya había una voz de inconformidad con su administración.

Luego, en mayo de 2019, faltando un semestre para finalizar su mandato, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 10 años porque “incurrió en falta disciplinaria” al suscribir un contrato para la prestación del servicio de grúa en Ocaña de manera directa, sin licitación.

Además, la misma entidad vigilante le impuso otra sanción, por 12 años, por ‘conflicto de intereses’, al no declararse impedida para emitir los decretos 097 y 098 del 10 de mayo de 2017, cuando se realizó la votación para la revocatoria de su mandato.

Bajo estas circunstancias, los ocañeros se preguntan si en las sanciones se encuentra alguna relación con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo), que ha incumplido pagos al municipio ordenadas por un juzgado y que se encuentra en cuestionamientos por presunta corrupción.

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