La politiquería con cara de soluciones sociales

En julio del año pasado se definió el eventual traslado de cabildo indígena de Cartagena luego de una convocatoria liderada por el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en la que se hizo una solicitud formal para la adquisición de un nuevo lote para albergar a la comunidad indígena Zenú, acampada en El Membrillal.

En el mes de abril de 2018 en reunión con la Unidad Nacional para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Alcaldía de Cartagena y la Defensoría del Pueblo se decidió no llegar al extremo de desalojar a la comunidad del cabildo indígena de Membrillal a través del uso de la fuerza pública.

El Gobernador de Bolívar reiteró en ese momento que si bien es cierto que se trata de un predio de propiedad privada, el Estado no puede desconocer que quienes lo habitan son una población desplazada por la violencia y de tradición ancestral. Por esos días fue acordado entre las partes hacer lo necesario para identificar un nuevo lote en el cual el cabildo pudiera ser reubicado. Tres meses después de la reunión realizada en el salón de la Paz de la Gobernación de Bolívar, sin que aún se hubiera decidido el nuevo lote para el cabildo Zenú, la Gobernación de Bolívar hizo un llamado a la Alcaldía de Cartagena para que implementara inmediatamente un Plan Integral que permitiera que comunidad indígena pudiera permanecer temporalmente en otro predio, en condiciones dignas.

Dumek Turbay ha sostenido que la Administración departamental tiene la disposición de apoyar un Plan de Atención Integral de la Alcaldía de Cartagena ante las condiciones especiales de protección de la comunidad Zenú, por ser indígenas y víctimas, para recibir a esta comunidad si es desalojada. “la responsabilidad inicial es del Distrito de Cartagena, que los reconoció como comunidad indígena y cabildo menor Zenú”.

La Gobernación de Bolívar ha trabajado en la búsqueda de dos lotes, junto con la Unidad Nacional para las víctimas, ubicados en el municipio de El Guamo. Ambos cumplen los requisitos para el traslado de esa comunidad pero el cabildo debe decidir si se traslada allá o no. Otro lote ubicado en Bayunca fue visitado por la Administración Departamental con la Agencia Nacional de Tierras. Pero este es una propiedad privada, por lo que el propietario debe proponer el valor del inmueble ante la ANT, el cual puede valer cerca de $6 mil millones de pesos.

El Gobernador de Bolívar hizo una solicitud formal a la Unidad Nacional para las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía Distrital, para que se le dé una solución definitiva a la adquisición de los nuevos predios que requiere esta comunidad indígena Zenú para poder vivir. Para la Gobernación de Bolívar esta comunidad ha sido declarada sujeto de reparación colectiva y, por lo tanto, debe ser atendida. El Gobernador de Bolívar sostiene que la difícil situación que hoy atraviesa el cabildo indígena de Membrillal “es una linda oportunidad tiene el Estado de mostrar otro rostro: el de la justicia social”.

En agosto la propuesta del Gobernador de Bolívar fue discutida en una mesa de trabajo en la que estuvieron la alcaldesa de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris; el procurador delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno; el defensor del Pueblo Regional, Roberto Vélez Cabrales; la procuradora Regional de Bolívar, Ítala Pedrazzini; el capitán del Cabildo Indígena, Roger Suárez, además de varios integrantes de esta comunidad, representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Minterior y la Agencia Nacional de Tierras.

Sin embargo los predios contemplados inicialmente en el municipio de El Guamo fueron descartados, tras considerar que no reunían las condiciones necesarias.

Hasta aquí es una narrativa del interés de un gobernador en la solución de un problema de una comunidad desplazada. Pero lo que sigue es el ánimo politiquero y electorero que se ha tomado esta situación.

Por estos intereses ocultos se terminó en que la solución sería el lote vecino de Refical que pertenecía inicialmente a los Hermanos Moncada, aquellos famosos narcotraficantes y socios de Pablo Escobar que fueron asesinados en La Catedral cuando el jefe del cartel de Medellín decidió secuestrar y asesinar a sus cómplices de una década para quitarles el dinero acumulado por cuenta de actividades de narcotráfico.

Al parecer esta decisión de tomar ese lote que administra la SAE, y el cual estaba prácticamente arrendado, se enmarca en una decisión con fines electoreros. Entre otras cosas porque no se ve clara la conveniencia de llevar a los indígenas a una zona no muy rural, ubicado frente al hoy complejo industrial y portuario del país, donde se ignoran los inconvenientes incluso de salud por contaminación y otros efectos colaterales.

La decisión del Gobernador, que se ha visto recientemente acompañado del senador liberal Lido Arturo Garcia para este propósito, consiste en arrendar este lote y entregárselo a la comunidad indígena. Pero la gente se pregunta qué tan pertinente es esta decisión y por qué la SAE no pone a disposición de este fin otro lote con similares características. Pues se sabe que esta entidad administra cientos de predios útiles para estos fines pero que según denuncias de personas al interior de la entidad, la presidente de esta, Maria Virginia Torres, tendría intereses detrás de cada propiedad que se negocia y por eso no es rentable para ella entregarlas para causas nobles del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales. Al parecer la SAE estaría funcionando como la agencia inmobiliaria de unos cuantos políticos y funcionarios que se llenan los bolsillos de dinero con los predios incautados a mafiosos y corruptos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *