Fernando Carrillo Flórez, el procurador inhabilitado que “aplica” justicia

Todavía reposan en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado las denuncias contra el procurador Fernando Carrillo Flórez, quien –aunque de hecho ostente el cargo– sigue inhabilitado para ejercer esas funciones por la sanción impuesta por la Procuraduría General en 1994, por su relación con la fuga del narcotraficante Pablo Escobar de la cárcel La Catedral, de Antioquia, en 1992, poco después de renunciar como ministro de Justicia.

El estatus legal de Carrillo es tan engorroso, que cualquier pudiera confundirse y pensar que tiene derecho a ostentar ese importante puesto de justicia (tomó posesión en 2017), que hoy parece burlado por algunos funcionarios que viajan por el mundo y hacen gastos onerosos con presupuestos asignados por el Estado para la inversión en el país o construyen nóminas paralelas sin el escrutinio de la ley.

Lo cierto es que esa medida disciplinaria de los años 90, aplicada entonces por el viceprocurador general Mauricio Echeverry, lo sancionaba por haber sometido a la justicia a las pretensiones de aquel capo, a quien le asignó una vigilancia acorde a sus planes de escape.

¿Quién dice que no hace lo mismo hoy?

Tras aquella apelación a la que recurrió 3 años después, en 1997, el procurador general Jaime Bernal Cuellar dejó firme la medida de suspensión de 30 días, y en 2002, nuevamente, al denunciar vulneración del debido proceso, el máximo tribunal contencioso reafirmó la decisión.

Tiempo después, en 2001, llegó su salvavidas, el procurador Edgardo Maya Villazón –quien después fue contralor general (2014-2018) –, quien tumbó la sanción por presuntas irregularidades en la determinación.

A pesar de que la sanción era de tan solo 30 días, quienes adversan la decisión de Maya, sostienen que el fallo del Consejo de Estado fue desconocido, por lo que la medida sigue vigente y el procurador Carrillo sigue inhabilitado.

En una investigación que hizo la W Radio en 2016 sobre este tema, el exprocurador Bernal Cuellar, aquel que había ratificado la medida contra Flórez en 1997, dijo aceptar la revocatoria de su decisión y apoya que se mantenga en el cargo por la sanción –dijo– ya no existe.

Mientras eso sucede, muchos se preguntan dónde está el procurador. ¿Avanzarán las disciplinarias que se desprendan a las supuestas investigaciones que tiene en marcha? ¿O se hará de la vista gorda con los casos de corrupción tal y como parece haber ocurrido con el suyo propio cuando dejó escapar al hombre más peligroso que una vez tuvo Colombia?

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