Sigue la feria de contratos ilegales de la esposa de Andrés Guerra Hoyos con el municipio de Medellín

La familia Guerra Hoyos está muy involucrada en la celebración de contratos ilegales en la ciudad de Medellín, pero resulta que el círculo se abrió y entró en la rueda la esposa del precandidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático (CD), Andrés Guerra Hoyos, María Clara Arroyave.

Primero el Instituto tecnológico Metropolitano, ITM, adscrito al municipio de Medellín, la denunció ante la Procuraduría porque celebró un contrato por un valor de 30 millones 500 mil pesos, para prestar sus servicios como odontóloga en la Secretaría de la Juventud del Municipio.

Como la verdad siempre saldrá victoriosa y esta familia pensó que se podría burlar de las autoridades encargadas o peor de los antioqueños, ahora se le suma una nueva contratación ilegal, pues resulta que la esposa del precandidato y cuñada del concejal Bernardo Alejandro Guerra, también engañó a la Institución Universitaria Pascual Bravo, tras celebrar dos contratos con esta casa de estudios dependiente de la municipalidad.

La Ley de Inhabilidades e Incompatibilidades les vale un “comino”. María Clara Arroyave celebró un primer contrato por prestación de servicios con fecha del 16 de enero de 2018 por un monto de 24 millones 522 mil 485 pesos y el segundo por el mismo valor, de fecha 01 de junio de ese mismo año, da continuidad y ampliación al primero.

Ante esto esa casa de estudio respondió la petición del abogado Jorge Hugo Elejalde, encargado de destapar la olla de esta familia con los contratos de Telemedellín, por medio de un documento expresó que la esposa de Andrés Guerra Hoyos al igual que todos los contratistas de la Institución declaró de manera voluntaria que no se encontraba inmersa en ninguna inhabilidad e incompatibilidad y sujeto a su “buena fe” le creyendo el cuentico.

¿Seguirán saliendo a la luz pública más contratos ilegales de esta familia? ¿Las leyes actuarán o se harán cómplices de estos corruptos? Lo cierto es que muchas autoridades deberían reconsiderar estas acciones, pues parece ser que el Concejo de Medellín está ciego ante el enriquecimiento ilícito de uno de sus ediles y el CD apoya una candidatura que se ha forjado con engaños e ilegalidades.

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