Fotomultas: ¿peor el remedio que la enfermedad?

Aunque en un principio fueron creadas para contribuir a una disminución de las estadísticas de accidentes de tránsito, las llamadas fotomultas o cámaras salvavidas no solo han servido para su función original, sino como mecanismo de extorsión.

¡Claro! La empresa privada es la que maneja ese sistema de vigilancia y, desde siempre, se ha formulado denuncias sobre la ilegitimidad de muchas de sus sanciones a conductores y de la plata que deben pagar.

De acuerdo a trabajos periodísticos, solo en 2015 hubo 1 millón 626 mil 482 personas sancionadas por medios electrónicos y los pagos sumaron 201 mil 324 millones de pesos, el doble del monto de 2014.

O se paga o se paga. Miles de personas han intentado apelar esas fotomultas que consideran -y hasta lo han comprobado- erróneas, pero muchas veces la autoridad responsable ni siquiera atiende sus llamados. Los ignora.

Carro equivocado, placa equivocada, delito inexistente y conductor erróneo caracterizan esas fotomultas que los colombianos han rechazado pagar precisamente porque no hay elementos probatorios.

Ante eso, el Gobierno ha intentado ejercer acciones con la inhabilitación de algunas de esas cámaras, como las 26 del departamento del Atlántico, pero ha autorizado la instalación de otras tantas, como las 43 previstas para Barranquilla.

Hilda María Gómez, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, asegura que el sistema no es infalible y admite casos de sanciones sin base, pero también insiste en que es una plataforma usada en muchos países del mundo con buenos resultados.

¿Entonces qué es lo que ocurre en Colombia? ¿Por qué no funciona de manera óptima ese sistema? ¿Será posible que en algún momento el Gobierno tome realmente acciones para mejorar esa plataforma? ¿O simplemente la autoridad seguirá dejando en el limbo la evidente falla del sistema que solo afecta el bolsillo de los colombianos?