La saña contra los Solarte y la tibieza con Odebrecht

El caso de Paola Solarte Enríquez, la hija de Carlos Alberto Solarte, el conocido magnate de la contratación de obras públicas, causó gran inquietud en los medios de comunicación por cuanto la Fiscalía decidió imputarle cargos a ella y a su padre, como representantes legales de CASS Constructores, por posibles actos de corrupción en la adjudicación del contrato Tunjuelo-CANOAS, en 2009, del cual también hizo parte la firma brasilera Odebrecht y cuyo objeto era la construcción de un túnel en la capital colombiana.

La Fiscalía General de la Nación decidió imponerle a Paola medida de aseguramiento con reclusión en la cárcel del Buen Pastor, al tiempo que consideró que su padre, Carlos Alberto Solarte, debería solamente firmar un acta de compromiso en la cual se comprometiera a cumplir con su buena conducta y a acudir a los llamados que le tuvieran que hacer las autoridades. Decisión en la que se tuvo en cuenta su estado de salud y su condición de persona mayor de 75 años. Pero en el caso de Paola la sorpresa fue generalizada en la opinión pública por lo que deja la sensación de que existe cierto grado de ensañamiento de la Fiscalía, ya que la hija del contratista es madre cabeza de familia y bien hubiera podido ser objeto de un tratamiento humanitario en el que se le otorgara casa por cárcel toda vez que es evidente que no reviste ningún peligro para la sociedad.

La inmediata pregunta que surgió al conocerse esta noticia fue la forma cómo surgió esta imputación de cargos contra la hija del contratista Solarte, una joven madre de familia con dos hijos menores y cabeza de familia con la que no se tuvo ninguna consideración de carácter humano, ni con ella ni con sus hijos pequeños. La respuesta a este interrogante se remonta, según algunos observadores, a una retaliación de algunos poderosos ante la “osadía” de Solarte, de haber decidido formular una denuncia penal ante la Fiscalía contra los árbitros María Luisa Mesa Zuleta, Fernando Montoya Mateus y Julio Roberto Nieto, consideradas vacas sagradas en el mundo del arbitraje. El antecedente de esta decisión de Solarte radicaba en que en el proceso arbitral de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca (UTDVVCC), se consideró que podía existir una conducta punible por parte de Carlos Alberto Solarte.

Lo extraño es que justo dos meses después de la denuncia apareció la noticia en la cual la Fiscalía le imputaba cargos a Carlos Alberto Solarte por supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de la intersección de Tunjuelo CANOAS, el cual en un 60% correspondía a Odebrecht mientras que el 40% restante pertenecía a CASS Constructores. En este caso se observa un elemento que no deja de siembra dudas y que demuestran por qué las imputaciones de la Fiscalía, del 18 de mayo de 2018, se tornan por lo menos extrañas. La lógica indicaría que se le hubieran imputado cargos a la empresa Odebrecht, ya que su participación es la mayoritaria, o en su defecto a su representante legal.

Más curioso resultaba que hasta el momento a ningún directivo ni trabajador de Odebrecht se le había adelantado un proceso penal por este caso. Cuando se le preguntó al presidente de Odebrecht, Luis Antonio Bueno Junior, sobre este tema, respondió que “Los Solarte en ese momento tenían el interés de obtener las credenciales para este tipo de construcción y nosotros teníamos el interés de crecer la operación en Colombia, entonces nos pusimos de acuerdo, hicimos un consorcio Odebrecht-CASS en la proporción 60% nosotros y 40% CASS y este consorcio, bajo un contrato llave en mano subcontrataría a los Solarte para hacer toda la construcción de la obra. Teníamos una garantía de Carlos Solarte: un pagaré, para que las condiciones tratadas por el contratista Solarte, fueran cumplidas”. Además de esto, dijo que sí conocía a Paola y que su primera reunión fue en el año 2009; sin embargo no dió declaraciones específicas sobre los cargos que la Fiscalía le imputa a ella y a su padre. Otra de las irregularidades que surgen en este caso es que la Fiscalía le imputó cargos de cohecho a Paola Solarte, cuando el proyecto CANOAS no generó utilidad de ninguna especie. En cuanto a la detención de Paola, se ha instado a la Fiscalía a que considere su condición de madre de dos menores de 2 y 3 años y que la privación de libertad se pudiera producir fuera de un establecimiento carcelario y se le impusiera la detención domiciliaria pero en varias ocasiones se le ha negado esta petición.

El caso es que a pesar de las peticiones de Paola Solarte y su defensa, aludiendo a una solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos humanos, fundamentada en la vulneración de los derechos de los menores, no se le ha concedido una detención diferente a la carcelaria. En este caso allegados a la familia dice que la estrategia del Fiscal Jaime Zettien, encargado del caso, es presionar a Paola para lograr un preacuerdo con el único fin de evitar las consecuencias en caso de que sea vencido en un eventual juicio si no logra demostrar la comisión de los delitos. Por otra parte, se lograría colgar la medalla ante su jefe el Fiscal, de un reconocimiento por obtener la responsabilidad penal anticipada. Este caso se oscurece aún más si se tiene en cuenta que el Fiscal Jaime Zettien, fue señalado en el pasado de haber recibido dineros de Emilio Tapia, uno de los mayores protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, quien extrañamente es respaldado plenamente por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Más oscuro se vuele esta caso si se observa que el propio fiscal ha estado fuertemente relacionado con la firma Odebrecht, ya que como abogado del grupo Sarmiento asesoró en varias ocasiones a la concesionaria en la ruta del sol, lo cual no deja de generar dudas sobre por qué en el caso CANOAS no se ha realizado ninguna imputación en contra de Odebrecht. Lo que queda por ver es que al parecer se han utilizado como chivo expiatorio a los Solarte. Existen muchas variables que convierten en presa fácil a los Solarte en este caso: por un lado María Luisa Mesa, tiene vínculos políticos importantes y poderosos y por el otro lado están los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha tenido como su mano derecha al Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

Las consecuencias de esta extraña acusación que hasta el momento en la parte probatoria no ha mostrado fundamento alguno, pueden ser nefastas para la justicia. Pero pueden ser peores para las empresas de Carlos Alberto Solarte, que se conocían entre otras cosas por ser de las mayores empresas que han generado empleo de manera significativa en Colombia, con aproximadamente 4.000 puesto de trabajo directos y 12.000 indirectos anualmente. Queda por ver si el poder que exhiben quienes también tienen intereses para que los Solarte pierdan su protagonismo en las construcciones viales por este caso, se salgan con la suya o si la justicia aparecerá por algún lado.

Por: Andy Moreno

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