El decreto del Presidente Santos que le quitaría al Estado la autonomía sobre gran parte de su territorio

El actual gobierno planea dejarle al país antes de irse, uno de los problemas sociales y jurídicos más grandes de los que se pueda tener memoria, el decreto que reglamentaría la llamada “Línea Negra”.

Con dicho decreto los indígenas solo de la Sierra Nevada de Santa Marta pasarían de contar con 50 sitios sagrados reglamentados a 381. Lo complejo del asunto es que todo ese territorio que cubriría varios departamentos y ciudades capitales como lo son parte de la misma Santa Marta y Valledupar, perderían toda autonomía, y para poderse realizar en cualquiera de estos sitios obras de infraestructura, siembra de cultivos y hasta eventos particulares, habría que pedirles permiso a los indígenas. Para poner solo un ejemplo, de firmarse ese decreto, el Festival Vallenato que se realiza cada año en la Plaza Alfonso López, tendría que ser autorizado de aquí en adelante por los indígenas para poderse seguir llevando a cabo.

Y si bien lo que busca dicho decreto es respetar la autonomía de esos pueblos y el cuidado y respeto por sus sitios ancestralmente sagrados, lo que está conllevando realmente es a una pérdida total del poder y la capacidad del Estado de manejar su territorio en beneficio de las mayorías, dejando también claro de antemano, que en Colombia por ley prima el bien público sobr el particular.

Y este es solo el abrebocas del decreto, pues hasta ahora solo se trata de los “sitios sagrados” de los grupos étnicos que habitan el entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta y que aunque cubren miles de hectáreas, aún están lejos de abarcar las que los de cientos de grupos indígenas más distribuidos por todo el país pueden llegar a reclamar. Es decir, si este mismo decreto se le aplica a las demás etnias indígenas de Colombia, el Estado podría perder toda la autonomía y autoridad sobre su propio territorio.

Las preguntas que surgen al respecto son, sabiendo el presidente Santos la gravedad de la situación que generaría dicho cambio ¿Qué busca entonces haciendo esto en los últimos días de su mandato? ¿O es acaso una venganza en contra del Uribismo que ahora llega al poder y tendría que lidiar con semejante problema social y jurídico? Opinen ustedes.

Por: Ximena Mora

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