La Iglesia non sancta

La decisión del episcopado de albergar al jefe guerrillero, alias Jesús Santrich, quien se encuentra preso por narcotráfico y está apunto de ser extraditado por intentar enviar 10 toneladas de coca a los Estados Unidos ha revivido un discusión según la cual la Iglesia Católica no ha sido muy ortodoxa en materia de cumplir los mandamientos y se ha visto involucrada en episodios en los que se pone en duda su particular forma de ejercer el amor al prójimo.

Este especie de seminario por cárcel que le brinda la iglesia al líder guerrillero como un “gesto humanitario” ha revivido episodios como las narcolimosnas que recibió Monseñor Darío Castrillón del narcotraficante Carlos Lehder hace ya casi tres décadas o las donaciones que recibió el Padre Rafael García herederos por ser mediador de Pablo Escobar cuando supuestamente se entregó para vivir en La Catedral, como se llamó la casa finca que construyó el mismo narcotraficante para aparentemente someterse a la justicia.

Desde hace algunos años han existido rumores y acusaciones sobre curas descarriados y la Iglesia católica se ha visto inmiscuida en casos de dudosa ortografía en relación con narcos, con paramilitares o con sus antecesores.

Algunas ONGs han intentado hacer un seguimiento de lo que serían los obispos y sacerdotes vinculados a casos de paramilitares y sus crímenes y recogieron testimonios sobre acciones de obispos y sacerdotes y pruebas documentales en los que desde los obispados se invita por ejemplo a “combatir la amenaza comunista” en varios departamentos, principalmente en Santander y Antioquia, donde fue evidente que obispos y sacerdotes participaron en acciones paramilitares.

Por lo menos 21 representantes de Dios en la tierra podrían haber tenido vínculos con el paramilitarismo y apoyado o justificado sus crímenes en varias regiones del país. Pacific School of Religion en Berkeley, California por medio de su programa de Changemaker Fellowship, hizo un informe para la comisión de la verdad en el que se encontraron más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra sucia en Colombia.

Algunos de los casos más significativos muestran este fenómeno. “Necesidad de vida o muerte”, fue la expresión de Monseñor Ángel María Ocampo en Tunja, entre 1950 y 1970, en unas de las cartas que dirigía a sus feligreses para conformar autodefensas anticomunistas.

En las elecciones de 1949, monseñor Jose Ignacio Lopez, obispo de Cartagena, declaró que todo aquel que profesaba un pensamiento comunista sería excomulgado de la iglesia católica.

En los años 50 el padre Juan Angel Ortiz se destacó como activista chulavita en San Luis, Huila y propició, con la policía Nacional, el hostigamiento y cacería de liberales, a quienes consideraban herejes. A finales de los 60 y principios de los 70 en el municipio de Orapa, Huila, en la zona rurales y en el casco urbano este cura conformó con varios líderes católicos la organización conocida como las Autodefensas Campesinas Anticomunistas. Allí repartían propaganda católica y anticomunista, hacían patrullaje armado y montaban retenes que controlaban el ingreso de forasteros en las veredas de Orapa.

Entre 1952 y 1953 el Padre Lorenzo Torres, párroco de Uvita Boyacá, organizó con sus feligreses autodefensas “para evitar el avance de la guerrilla CHITA”. Este grupo de autodefensas, estaba compuesto por grupos heterogéneos entre niños, jóvenes y adultos organizados en las veredas de San Ignacio, El Carmen, Cañita y la Vereda Vargas.

En 1979, el líder campesino y catequista Jacinto Quiroga, fue torturado, privado de la libertad y asesinado por la fuerza pública bajo el estatuto de seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Fue entregado a la Brigada Militar del Socorro por el Vicario de Veléz, Gustavo Martinez, quien en un principio se ofreció a salvaguardar su vida y lo pidió a las religiosas misioneras que lo ocultaban para salvar su vida. La participación de sacerdotes que legitimaban y absolvían las manos sucias de militares involucrados en interrogatorios a base de torturas fue la permanente denuncia de Jacinto Quiroga, quien en uno de sus escritos afirmó que las mujeres eran gravemente maltratadas y violadas por los uniformados. Esto le costó terminar asesinado por los militares.

En 1980 y 1985, el monseñor Manuel López, cercano a los militares expulsó misioneros, misioneras y sacerdotes que promovieron una concientización política en Santander, prohibiendo del mismo modo su entrada al departamento.

A principio de los 80`s se hicieron famosas las relaciones del padre Elías Lopera y del padre Hernán Cuartas con el narcotraficante y promotor del sicariato en Colombia Pablo Escobar Gaviria, acortaron literalmente sus supuestos programas sociales y lo acompañaron sin ningún escrúpulo a sus actividades proselitistas cuando aspiraba a la Cámara de representantes.

En 1984 cuando se ventilaron las relaciones entre el narcotraficante Pablo Escobar y sacerdotes de la diócesis de Medellín, hecho que nunca se condenó desde las altas jerarquías eclesiásticas. Sin embargo, en junio de 1986, el cardenal Alfonso López Trujillo que no condenó a los sacerdotes vinculados con el narco paramilitarismo sí defendió ante medios de comunicación extranjera a Pablo Escobar Gaviria. Pero el hecho más notorio de este alto prelado fue cuando allanó, acompañado de un sacerdote, un sicario y civiles armados, la parroquia de padre Eliseo Tobón de Medellín, en busca de una carta firmada por 80 sacerdotes que denunciaban varios conflictos que sostenía el cardenal con otros sacerdotes y laicos y sus vínculos con el narcotráfico.

En 1971 y 1992 el Monseñor Darío Castrillón, Obispo de Pereira, estableció nexos financieros con Carlos Ledher Rivas, quien hizo parte del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria, llegando a bendecir el dinero del narcoparamilitar Rivas y sus posesiones terrenales.

En 1989 se dió a conocer en el mundo eclesiástico nacional e internacional el enfrentamiento de Monseñor Castrillón con las misioneras de la Madre Laura, por cuenta de su trabajo con los indígenas en la diócesis de Pereira. El 15 de mayo de 1985 las misioneras de la madre Laura denunciaron el crimen atroz contra tres indígenas, entre ellos un niño, oriundos de La Pradera, municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda. Castrillón en su lógica constante y su discurso anticomunista las acusó en la Conferencia Episcopal de distribuir propaganda marxista y las relaciona con la guerrilla del M-19.

En 1982 en Necoclí, Antioquia, el padre Luis Ángel Gutiérrez bendijo las pertenencias del narcotraficante José Ocampo. Este cura recibía contribuciones del narcotraficante para las fiestas del municipio y como contraprestación el Párroco lo bendecía en estas actividades.

Entre 1957 y 1992, el padre Rafael Garcia Herreros impulsó varios programas de acción social, con el Banquete del millón, que dio para construir el barrio, la universidad y el colegio “Minuto de Dios”, pero se caracterizó su posición anticomunista. Por otro lado, simpatizó y lo expresó públicamente y aprovechó su programa El Minuto de Dios en horario triple A para apoyar mediáticamente al reconocido narcotraficante Pablo Escobar, en medio de la más violenta ola narcoterrorista desatada por el jefe del Cartel de Medellín.

El exsacerdote Rene Garcia Lizarralde, que hizo votos de pobreza y se alejó de los bienes materiales que le otorgaba su familia, fue rechazado por Rafael Garcia Herreros y acusado de apoyar el comunismo.

En 1982, el paramilitar Ivan Roberto Duque, afirmó que el padre Carlos Enrique Ciro Parra, en el púlpito, en el confesionario, en las calles y en las reuniones de la comunidad, propagaba un discurso anticomunista, que señalaba a los partidarios de esta ideología como ateos y cercanos del diablo, discurso que se integró para el fortalecimiento y entrenamiento de las fuerzas paramilitares.

En 1993 y 1994 el padre Oscar Javier Palacio Palacio se vio involucrado en acciones del grupo paramilitar de los 12 apóstoles, en las que se asesinaron 30 personas señaladas como supuestos insurgentes. En sus declaraciones ante la fiscalía reconoció sus actos, defendiendo a comerciantes y terratenientes y se negó a revelar la identidad de quienes hacían parte de este grupo paramilitar. Y según declaraciones del Capitán Meneses de la Policía de Yarumal, quien proporcionó en ese entonces armas al grupo paramilitar los 12 apóstoles, el sacerdote Palacios guardó en su parroquia las municiones al grupo paramilitar. También se vio involucrado en la creación del fondo de seguridad que servía para sostener a este escabroso grupo paramilitar.

Por: Fernando Álvarez

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