La corrupción taquillera

La consulta anticorrupción aparentemente no tiene pierde. Todo el mundo la votaría a favor y pocos enemigos confesos le aparecerían a esta iniciativa. El problema es que en la práctica no genera ninguna utilidad real. No deja una ganancia ejemplarizante ni arroja ningún saldo positivo en materia de moral pública. Ni siquiera en lo pedagógico porque es tan obvia que se vuelve insulsa. No educa en valores, no ilustra sobre prevenciones o alertas para evitar focos de corrupción, ni construye cultura solidaria o formación en ética de lo público. La consulta anticorrupción es en sí misma efectista y espectacularista. Preguntar a la ciudadanía si quiere que no haya condiciones para que los corruptos hagan su agosto es en realidad una perogrullada.

Es como hacer una consulta contra la guerra, o contra la falta de democracia, o una consulta contra la muerte o contra la violación o el abuso de menores. Es de esas campañas abstractas que casi siempre se proponen elevar a normas reinventadas asuntos que ya existen en la normatividad. Es de esas propuestas en donde es difícil que alguien quiera decir lo contrario por que son tan generales y tan básicas en principios filosóficos que cualquier credo, religión o partido político las cuenta entre sus mandamientos. No existe ser humano racional que crea que hay que impulsar lo contrario. A nadie con cinco dedos de frente se le ocurriría enarbolar una bandera a favor de la corrupción, por lo que de entrada no tiene oposición.

Irónicamente este es el nuevo tipo de populismo que marca la política de hoy y que le da resultados parciales a algunos políticos de nuevo tipo pero que en esencia son politiqueros de viejo cuño, ya que se dedican a envilecer lo que es vil, a desprestigiar lo que no tiene prestigio y a aparentar que se lucha furiosamente por cambiar las costumbres políticas. Sin pudor hacen alarde de actuar en contrario pero a partir de recurrir a las mismas mañas de la política tradicional, que consisten en engañar a la ciudadanía, manipular la opinión y despertar simpatías con el primario recurso de exacerbar la indignación social y el repudio ciudadano a las malas prácticas en la función publica. Es un diseño estratégico para seducir a las amplias masas montado en la exhibición de banderas morales para sembrar miedos, sensibilizar incautos, que nunca tiene efectos en la lucha contra la corrupción pero sí mucha repercusión en la taquilla electoral.

Y como son campañas publicitarias y finalmente financiadas por el Estado pues resulta un buen negocio propagandístico para quienes saben que hay que escandalizar para ganar adeptos, que hay que recurrir a los bajos instintos de los desamparados para sindicar aparentes culpables de sus desgracias y ganarse el favor popular a base discursos estridentes con el objeto de mostrar la imagen de que se quiere terminar uno de los males que aquejan a la sociedad. Los neopopulistas saben que la lucha contra la corrupción se da en los estrados judiciales, en la denuncia pública soportada probatoriamente, en la investigación periodística y en las pesquisas que se logran hacer con la colaboración ciudadana, pero ellos necesitan cobrar por la ventanilla electoral los resultados y sacar provecho político más que desbaratar corruptelas.

Saben los populistas anticorrupción que lo importante no es tanto ser sino parecer y por eso concentran grandes esfuerzos en hacer campañas que dejen la sensación de que han descubierto la panacea contra los malos, cuando no la de despertar emociones mesiánicas o vender la ilusión de que con su aparición ha surgido una especie de superhéroe que llegó a luchar por la justicia y a derrotar a los villanos. Cabalgan en la ansiedad de los indignados y en las frustraciones de los desesperanzados con la idea de explotar sus resentimientos a base de frases sonoras como la de reducir el salario de los congresistas, como si eso respondiera a una práctica corrupta, o la de exigir que no se le den contratos a quienes tengan historial que no se ajuste a la ley, como si eso fuera una novedad legal.

Quizás uno de los elementos que puede resultar atractivo en la lucha contra la corrupción política y que no suena demagógico es que a los corruptos se el acaben las prebendas como la rebaja de penas, o se les quiten las gabelas como la de casa por cárcel, las cuales se han convertido en un pasaporte a la impunidad. Y no es secreto para nadie que para luchar contra el cinismo y la complicidad no es necesario que el Estado se gaste 250.000 millones de pesos en la intención de consultar algo que todo el mundo quiere. En cambio, los que sí pierden son los recursos públicos. Las cifras del desgaste económico y administrativo para una consulta de semejante magnitud es inversamente proporcional a lo que se anuncia como sus propósitos. Esa platica se podría invertir en formación en ciudadanía, en educación para contrarrestar la cultura del atajo y en fomentar académicamente la idea de que el crimen no paga. Pero es evidente que a quienes impulsan esta consulta no les interesa esto. Su idea es hacer publicidad política pagada por el Estado con fines electorales.

Y es ahí donde entran en contrasentido la lucha contra los corruptos versus las prácticas que abusan de lo público. Esta campaña es electorera y oportunista en cuanto pretende utilizarse como tarima promocional con el fin de sumar votos a una causa presidencial en plena campaña electoral. La lucha contra la corrupción es una lucha integral. La moral leninista no aplica. Si se quiere acabar la prácticas corruptas hay que reverstirse de una postura ética holística a toda prueba. Y la ética pública no puede tener esguinces como la de saber que la ley dice que la parejas no pueden ejercer en el legislativo simultáneamente y creer que esto no aplica para parejas homosexuales. La ética de lo público implica que para luchar contra la corrupción hay que no hacer lo que hacen los corruptos. No se puede imaginar que se puede calumniar impunemente para combatir a quienes a su juicio son corruptos.

No es solo no robar, no basta con denunciar a ladrón, no es suficiente con vociferar contra los corruptos. La autoridad moral la da el ejercicio de lo público con decencia y eso implica el respeto por la norma y por el ciudadano, el respeto por los derechos de todos. No se es respetuoso si cada ocho días hay que rectificar afirmaciones o hay que retractarse de calumnias. Hacer una campaña anticorrupción en detrimento del patrimonio del Estado no suena muy ético que digamos.

En la lucha contra la corrupción como en casi todo la filosofía popular es sabia: Obras son amores. Personas como Sergio Fajardo y Antanas Mockus han mostrado obras y han dejado saldo pedagógico en esta materia. Muy diferente a la alharaca populista y gritona de la parejita gay que impulsa esta consulta.

Por: Fernando Álvarez

@Fernandjalvarez

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